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Blog sobre temas de interés jurídico previsional del Estudio Bobrovsky

Category: Notas

Breve análisis sobre el Proyecto “Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” por el Dr. Sergio Carlos Bobrovsky

Recientemente el gobierno nacional envió, con gran fanfarria, el Proyecto “Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” al Congreso de la Nación. En este momento, el mismo se encuentra en debate ante la Cámara de Diputados y, consiguientemente, aún no sabemos cuál será el contenido exacto que tendrá la Ley cuando sea sancionada.

De cualquier manera, dada la importancia que el contenido del Proyecto del Poder Ejecutivo tiene para el patrimonio de los jubilados y pensionados a los que alcanza, se hace imprescindible para este Estudio Jurídico emitir su opinión temprana en relación con tales asuntos.

Hay muchos artículos cuya redacción es bastante confusa, no obstante, parece claro que están excluidos del mismo los beneficiarios de leyes especiales, como, por ejemplo los docentes o los diplomáticos. Estarían comprendidos todos aquellos beneficiarios de los regímenes generales (quienes obtuvieron el beneficio al amparo de las leyes 18.037; 18.038 y 24.241) cuyos haberes hubieran sido erróneamente calculados en su determinación originaria y/o en su movilidad posterior.

A aquellos que están incluidos, se los ha dividido en tres categorías, a saber:

1.- Aquellos que hayan iniciado juicios contra la ANSeS y tengan sentencia firme; no importa si la misma ha sido dictada por un tribunal de primera instancia, por la Cámara Federal de Apelaciones, o por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solo importa que ya no pueda ser revisada en sede judicial: lo que se llama “cosa juzgada”.

2.- Aquellos que hayan iniciado juicios contra la ANSeS y NO tengan aun sentencia firme; o sea aquellas que todavía son susceptibles de discusión en sede judicial.

3.- Aquellos que NO hayan iniciado juicio o reclamación administrativa contra la ANSeS, pero tengan su haber mal liquidado conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema en los precedentes “Badaro” y “Elliff”.

Adelantamos, desde ya, que el criterio profesional de este Estudio es que a NINGÚN jubilado o pensionado le conviene aceptar propuesta alguna fundada en este proyecto de ley. Vamos a explicar por qué:

Lo primero que debe entenderse es que este pretendido arreglo no se resolverá rápidamente. La ley primero tiene que sancionarse, después tiene que reglamentarse (cosa que hace el Poder Ejecutivo cuando y como le conviene), después el beneficiario tiene que inscribirse donde le corresponde, después tiene que recepcionar la propuesta (previo a lo cual la ANSeS tendrá que practicar una liquidación de lo que pretende pagarle), después tiene que presentar el formulario de aceptación de la propuesta, después tiene que presentarse (con el patrocinio de un abogado) ante un juez para que se homologue el convenio, y, recién después de todo esto se inscribe en los listados. No hemos computado aquí los plazos y términos que, sin duda, va a disponer la reglamentación; ni cómo afectará a cada quien el orden de prelación que ya fija el Proyecto (mayores de 80 y enfermos terminales o graves tendrán prioridad).

Pasando, ahora, a los jubilados y pensionados de la primera categoría (con sentencia firme):

  1. El proyecto prevé una lisa y llana alteración de la cosa juzgada en perjuicio del beneficiario (valga la contradicción). En primer lugar, modifica la fecha a partir de la cual corresponde el pago de la retroactividad (contando el plazo de prescripción desde la fecha de la interposición de la demanda y no desde la reclamación administrativa). Además modifica el cálculo de intereses, generando una disminución del monto a percibir que puede llegar al 45%. Establece que el haber no podrá, en ningún caso superar el máximo que fija la ley: esto impacta en el cálculo de la retroactividad y en el de los haberes futuros, resultando especialmente gravoso para los beneficiarios que cobran bonificación por zona, porque la ANSeS —ilegítimamente— siempre toma a la bonificación como una parte del haber. También dispone que han de distraerse los montos por impuesto a las ganancias sobre las retroactividades, alterando el contenido de las sentencias que no establecen tal cosa. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, propone pagarle a quien acepte en cuotas: la primera, en algún momento después de la homologación del acuerdo, por el 50% del monto, y el 50% restante en 12 cuotas trimestrales consecutivas; o sea que el jubilado o pensionado comenzará a cobrar la retroactividad en un futuro —previsiblemente no demasiado cercano— y terminará de hacerlo tres años después.

De no aceptarse el convenio, la ANSeS debe pagar lo que manda la sentencia, sin quitas ni alteraciones, dentro de los 120 días hábiles de recepcionado el expediente. Sin duda alguna que es previsible que no lo hará (como no lo ha venido haciendo hasta ahora); pero, en ese caso, se instrumenta una ejecución de sentencia y, más temprano o más tarde (dependiendo del juzgado interviniente), se termina cobrando la totalidad del monto que corresponde, más sus intereses, sin ninguna quita.

En cuanto a los jubilados de la segunda categoría (sin sentencia firme):

  1. Todo lo dicho más arriba también les es aplicable, con el agravante de que, para ellos, la retroactividad no podrá, en ningún caso, ser mayor a 48 meses. Esto disminuye, de manera proporcionalmente creciente, el monto de las retroactividades cuanto más haya demorado el juicio hasta el momento del acuerdo.

Debe aquí aclararse que existe un universo muy grande de procesos a la que el Proyecto no alude y, por lo tanto, no es posible saber cómo los considerará la ANSeS. Se trata de aquellos que accedieron a una sentencia firme, pero ésta: o no ha sido cumplida en absoluto por el organismo previsional, o ha sido cumplida de modo deficiente, en todos los cuales se ha iniciado un proceso de ejecución de sentencia que aún no está finiquitado. Si un beneficiario en esta situación aceptara ingresar en esta trapisonda, la ANSeS podría: a) decir tanquilamente que no tiene sentencia firme —por cuanto está en trámite el proceso de ejecución que no la tiene— y, sin pestañar ni ponerse colorado, rebanarle 3, 7, 10 o más años de retroactividad; o: b) considerarlo con sentencia cumplida y que no le corresponde retroactivo alguno y, si el jubilado hubiera renunciado a la acción (como pretende el Proyecto) se quedaría con tres cuartos de narices.

Pasemos ahora al tercer grupo —mayoritario en cantidad de individuos—. Se presenta aquí el absurdo mayor.

  1. Si el gobierno considera que a un beneficiario le corresponde un recalculo del haber ¿por qué, simplemente no lo hace y ya? ¿O es que se trata de una maniobra extorsiva?: “Vea, a usted le corresponde un reajuste, pero si usted no renuncia a sus derechos hacia el pasado y hacia el futuro no le damos nada”. Y, si al beneficiario le corresponde, por qué habría de renunciar a los dos años de retroactividad a los que tiene derecho por el escamoteo de sus haberes por parte del Estado durante ese tiempo. Considérese aquí que, desde hace unos tres años a esta parte, a los nuevos jubilados se les han estado liquidando correctamente los primeros haberes, en la inmensa mayoría de los casos, y la ley de movilidad previsional ha mantenido—hasta ahora, claro—el poder adquisitivo de los mismos. Así, a los jubilados con menos de tres años de antigüedad, no les va dar mayor diferencia.

El Proyecto prevé la renuncia a las acciones judiciales pasadas y futuras. En cuanto a las pasadas, la renuncia será, aparentemente, a ciegas; sin saber antes cuánto es lo que se les piensa pagar, lo cual ya es lo suficientemente malo. La renuncia a acciones futuras es de una inconstitucionalidad impardable y está expresamente vedado por el art. 1644 del Código Civil que, lisa y llanamente, prohíbe las transacciones sobre derechos irrenunciables, como lo son los de la Seguridad Social. Es el criterio de este Estudio que requerir a un juez la homologación de una tal renuncia constituiría mala praxis profesional.

Resulta de toda evidencia pues, que este Proyecto, que responde al rimbombante y floripondio nombre de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, no fue pensada para beneficio de ellos. Al igual que hace 21 años, cuando se sancionó la igualmente florida “Ley de Solidaridad Previsional” (24.463), los adultos mayores de nuestro país son excusa y rehenes para satisfacer los apetitos de rapiña de la elite financiera (nacional e internacional). La pantalla: “¿Quién va a ser el malnacido que se va a oponer a reparar los derechos de nuestros pobres viejitos, tanto tiempo postergados)?”.

Lo que sigue no es una interpretación psicológica de los fines del gobierno al presentar este Proyecto, ni tampoco un pronóstico. Es, si se quiere, un ejercicio intelectual producto de la memoria —que la tengo razonablemente aguda— y del conocimiento de la historia argentina desde el virreinato hasta nuestros días, que, aunque ciertamente muy limitado y superficial, va algo más allá del legado del Ibañez de 5° año con que nos dibujaban la historia en las décadas del 60, 70, 80… y ¿siguen las décadas?

Aclarado lo anterior, comencemos el ejercicio por el título. Que el gobierno nacional presente este Proyecto como de reparación histórica para los jubilados y pensionados es una demasía de proporciones cósmicas. Más allá de que, en materia de litigiosidad, el gobierno anterior —particularmente en tiempos del Sr. Bossio— se manejó con soberbia e impericia, ello no quita que la auténtica reparación histórica para los adultos mayores la hizo aquel gobierno. Como consecuencia de los malos oficios del anterior turno neoliberal (menemismo y delarruismo) plasmados es múltiples normativas de diverso rango (principalmente las leyes 24.241 y 24.463) y a la desocupación y al trabajo en negro al que aquel neoliberalismo dió amparo, la gestión anterior recibió un país sin financiamiento previsional y con un exiguo 64% de la población en condiciones de jubilarse cubierta. Entregó el gobierno con más del 97% de esa población efectivamente cubierta y protegida por un derecho irrenunciable y un fondo de garantía de sustentabilidad con activos superiores a los 77 mil millones dólares (su valoración actual en moneda norteamericana ha bajado a causa de la devaluación). También está vigente la movilidad jubilatoria, a través de una ley sancionada a instancias del Poder Ejecutivo anterior, que otorga una movilidad a los haberes previsionales que, en ocasiones, supera la de los trabajadores activos. Ahora, si desarticular la moratoria —mediante la cual la persona adquiría un derecho inalienable— y sustituirla por una gracia precaria menor a la jubilación mínima, por un tiempo determinado, aumentando la edad de las mujeres para poder acceder a ella, constituye una reparación…¡¡¡¡ que baje el Señor y lo diga!!!!

Similarmente, a qué reparación aludirá el gobierno, cuando absolutamente todos los acuerdos a los que pretende inducir a jubilados y pensionados, les cercenan derechos adquiridos por una sentencia judicial firme, o derechos en expectativa que, atento al estado actual de la jurisprudencia, sin duda adquirirían. Además que —también en todos los casos— no estamos hablando de un pago cercano en el tiempo.

Por otra parte, como ya han señalado otros colegas, para “reparar” no hace falta el dictado de ninguna ley. Basta y sobra con la aplicación de la normativa vigente, principalmente la Resolución SSS 955/08 y el Acuerdo de Solución Amistosa suscripto por el Estado argentino ante la OEA el 4 de noviembre de 2009, que éste jamás cumplió siquiera de manera módicamente seria.

Queda claro, pues, que la finalidad de este Proyecto NO es reparar derecho alguno de los jubilados y pensionados. Pareciera que, antes bien, es todo lo contrario, ¿no? Bueno es preguntarse, entonces, ¿qué persigue este Proyecto, si, claramente, no es la reparación histórica a que alude su título?

Es interesante comprobar que lo primero que hace este proyecto es declarar una pretendida emergencia previsional en materia de litigiosidad. Cada vez que el modelo neoliberal quiere munirse de un salvoconducto para hacer lo que le plazca, sin sujeción a norma de derecho alguna, declara una emergencia. En este caso, no especifica por qué estaría en emergencia el sistema previsional. Lo cierto, en cambio, es que éste no está en emergencia, sino en un excelente equilibrio, aun a pesar de la detracción del 15% de coparticipación que se les restituye a las provincias e, inclusive, asignando sumas algo mayores para el pago de sentencias judiciales. ¿Se tratará, tal vez, que el gobierno piense en llevar a la Seguridad Social a un estado de emergencia? ¿Y que, una vez que el sistema se encuentre en emergencia, pueda meter mano a piacere en el mismo, congelando, por ejemplo, los haberes previsionales por tiempo indeterminado? Desde luego, no es mi intención leer segundas intenciones en los actos del gobierno que, a diario, nos da muestras de su transparencia y acrisolada honradez. Pero, por cierto, da qué pensar.

Por otra parte, el Proyecto establece una autorización al Poder Ejecutivo para enajenar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sin limitación alguna. Asimismo deroga la Ley 27.181, que dispone que se requieren mayorías especiales para autorizar la venta de esos activos. Sería importante que los legisladores que se enrolaron, presurosos, en las filas del justicialismo amarillo comprendan que, entre la declarada emergencia y estas otras dos normas, se le está dando al gobierno vía libre para vender los activos que hoy garantizan el pago de los haberes de toda la clase pasiva, así como el de las sentencias judiciales. Que la ley se sancione con el más mínimo vestigio de cualquiera de estas dos normas, comprometerá la responsabilidad histórica de quienes la voten. Desde ya que, quien suscribe, no imagina, ni por un segundo, que el gobierno tenga la intención de vender los activos del FGS, porque no sería consistente con la lucha por alcanzar la pobreza 0 en que se ha empeñado y porque, además, ya ha dicho que no lo va a hacer. Pero…¿vio?…¿qué quiere que le diga?. No es por nada, pero, a veces, cuesta creer en las intenciones declamadas por los miembros de este gobierno.

Después está la creación de la comisión especial que deberá elaborar, dentro de los tres años, un nuevo proyecto de ley previsional que, entre otras cosas, deberá ser “sustentable” pero no necesariamente “público” ni “de reparto”. Para el ideario neoliberal, siempre al acecho de “oportunidades de negocio”, el término “sustentable” adosado a un servicio que, por su esencia, debe ser público, siempre ha resultado sinónimo de “privatización”. Aquí hace su ingreso a escena el ministro de hacienda y finanzas para pedirle perdón a los accionistas de las viejas AFJP, que tanto bien le han hecho a nuestro país y a sus trabajadores. ¡Y, otra vez, la burra al trigo! Nuevamente, aquí, el justicialismo filomacrista bien haría en plantarse y exigir, so pena de votar en contra, que se agreguen los términos “público” y “de reparto”. De no hacerlo así, será responsabilidad de ellos si, a pesar de que el gobierno ha dicho que no tiene intenciones de reprivatizar, volvemos a ella en menos de tres años.

El Proyecto propone, además, que a los jubilados y pensionados que se acojan a esta auténtica demora de pago con quita, se les pagará, entre otros recursos, con los impuestos provenientes del blanqueo fiscal que propone. Así, se beneficia a los evasores consuetudinarios que, eventualmente, podrían comprar los activos del FGS con esos fondos. Agreguemos a eso una muy generosa moratoria tributaria y previsional y tenemos cartón lleno. ¡Todo ello, claro está, para poder beneficiar con una histórica reparación a nuestros pobres abuelos; y, mientras, ya no encontramos cómo guarecernos de la imparable lluvia de dólares! En fin…

Es decir, entonces, que, para concluir este breve ejercicio, podría afirmarse que detrás de la pregonada reparación histórica a jubilados y pensionados que, como vimos, no existe, se esconde un acto preparatorio para el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y, una vez llegados a ese momento, clamar que el sistema público de previsión social ya no es sustentable y debe ser reemplazado por otro privado. O sea, un calco de los sucedido entre 1990 y 1994; y ya sabemos cómo terminó aquello. Claro que para afirmar lo anterior no hay que tener el más mínimo candor y probablemente tener una mente sucia, porque el gobierno ya nos ha dicho que no tiene tales intenciones. Pero, bueno, como he afirmado al principio, este no es un pronóstico, ni un recorrido por los meandros de las intencionalidades gubernamentales, solo es un ejercicio intelectual. ¿Quién le dice?…¡Por ahí sirve para algo!

Nota de opinión del Dr. Federico Bobrovsky publicada en Página/12 del 07/06/2016

SinceraMiento a la Reparación Histórica a jubilados

Una vez más nos vemos obligados a tener que desenmascarar la utilización política de los jubilados por un gobierno neoliberal. El proyecto enviado al Congreso con el ampuloso título de Reparación Histórica esconde una amnistía fiscal para los evasores y un engaño para los supuestos beneficiarios.

No se van a liquidar las sentencias judiciales firmes, ni a aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema, por lo que se intenta pasar por buena una fabulosa quita confiscatoria para todos aquellos que han estado años litigando y no entrarían ni los que se jubilaron después de diciembre de 2006 ni los docentes y otros con leyes especiales.

Es fundamental denunciar que no es necesaria una ley para esto. El 4 de noviembre de 2009 se firmó, en la ciudad de Washington, un acuerdo de solución amistosa por una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995 (causa “Menéndez, Caride y otros”). El Estado argentino se obligó a cumplir 3 puntos. En el primero está contemplado aplicar estrictamente lo que ordena la resolución 955/08 de la Secretaría de Seguridad Social y, principalmente que “todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas sin otras limitaciones más que aquellas dispuestas en la norma (…) Toda otra limitación introducida por vía de interpretaciones infra-normativas no será aplicable”. Asimismo el Estado pactó “no apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la CSJN ya se haya expedido.” Finalmente se comprometió a desistir de las apelaciones que se hayan presentado hasta la firma del acuerdo en un plazo máximo de 60 días. Lamentablemente no se cumplió con ninguna de las cláusulas en su totalidad, si bien es cierto que se intensificó y que se construyó un sistema de liquidaciones que permitió que la Anses liquide alrededor de 40 mil sentencias anuales y, en muchas de ellas, el resultado efectivamente respetó lo que se estableció en la sentencia judicial firme. Asimismo se modificó gran parte del perverso andamiaje legal pensado para liquidar los pleitos (y a los jubilados) con la ley 24.463 cínicamente llamada “de solidaridad previsional”.

Que el Estado se haya obligado a cumplir un acuerdo en sede internacional tiene graves consecuencias diplomáticas en caso de incumplimiento. Nos encontramos hoy ante la disyuntiva de denunciar el acuerdo en la OEA y solicitar que intervenga la Corte Interamericana de DDHH ante un nuevo avasallamiento en los derechos de los jubilados y pensionados que representamos.

Lo que se debe hacer es cumplir taxativamente con lo que ordenan las sentencias judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada. No son meras sugerencias sino que son órdenes y lo único que se puede hacer es cumplir en tiempo y forma. El proyecto de ley en revisión por el Congreso representa una confiscación encubierta de la deuda, presentándose como una reparación histórica, que viene en el formato de un gigantesco Caballo de Troya poniendo en jaque la sustentabilidad del sistema en su conjunto y abriendo la puerta a una reforma del sistema previsional sin incluir los conceptos de público y de reparto en la conformación de la comisión que tendrá a su cargo el armado del proyecto de reforma.

El botín de guerra es el FGS, que es un fondo de los trabajadores para los trabajadores administrado por el Estado. Cuando los gobiernos se apoderan de estos, siendo que están pensados para sostener los sistemas previsionales en el tiempo, provocan, irremediablemente, su quiebra y lo sufren los propios trabajadores. No hay sistema posible sin capitalización de los fondos públicos. Una vez quebrado y ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las prestaciones se comienza a vender el sistema privado como la solución mágica.

Sres. legisladores, no se necesita una ley para liquidar las sentencias firmes pendientes. El ordenamiento jurídico ya establece cómo y cuándo proceder. A su vez, ordena la forma en que debe conducirse la Anses en los pleitos que se le presenten. Si no se apelaran las sentencias de primera instancia que generan un cuello de botella en la Cámara de Apelaciones, el jubilado que inicia un reclamo podría cobrar en un lapso no mayor a dos años, con todas las garantías constitucionales sin resignar un solo peso y cuidando la sustentabilidad del sistema. No hagan incurrir a la Nación en responsabilidad internacional!

Link a la nota:

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-301187-2016-06-07.html

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